El titular del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, efectúa un análisis sobre la situación política en la que se encuentra inmiscuida la Argentina de hoy y por qué nuestro país vive la mayor crisis institucional desde el regreso de la democracia en 1983.
La Argentina vive la mayor crisis institucional desde el restablecimiento de la democracia en 1983. No es un hecho nuevo que un gobierno pierda el poder tras ser derrotado en la elección pre-presidencial, ya que en dos de las tres veces que sucedió (Alfonsin y De la Rúa) se produjo una crisis de gobernabilidad. La excepción fue Menem en su segundo mandato. Tampoco es nuevo que un gobierno tenga la aprobación de solo uno de cada cinco argentinos. A los tres presidentes mencionados les sucedió. Pero lo inédito es el grado de enfrentamiento ente el Poder Ejecutivo por un lado y el Legislativo y el Judicial por el otro. Esta crisis institucional se abrió con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que creaba el Fondo del Bicentenario, firmado el 14 de enero, con lo cual la crisis puede cumplir tres meses el próximo domingo. La semana pasada se agravó con la decisión del Directorio del Banco Central de girar los fondos que se disponían por dicho DNU a la Tesorería, en base a nuevos decretos no publicados hasta después de los hechos, mientras la Presidente en su discurso ante la asamblea legislativa anunciaba la derogación del primero. La reacción de la oposición fue contundente, tomando el control del Senado y anunciando que no dará el acuerdo parlamentario para la nueva Presidente del Banco Central, que derogará los nuevos DNU y avanzará con el dictamen para la coparticipación del impuesto al cheque. A su vez, una jueza federal del fuero contencioso administrativo dispuso que no puedan usarse las reservas giradas a la Tesorería y al día siguiente -el jueves 4- Cristina Kirchner, en un encendido discurso, acusó a la oposición de conspirar para interrumpir su mandato, atacó a la Justicia duramente y anunció que no va a obedecer dicho fallo, poniéndose en el terreno de la desobediencia. El miércoles 3 entró en la Cámara de Diputados el primer pedido de juicio político a la Presidente por estos hechos, firmado por el diputado Gustavo Demarchi (Demócrata de Mendoza) y al finalizar la semana ella le dice al gobernador de Misiones, Maurice Closs, que está pensando adelantar las elecciones a febrero o marzo de 2011.
Por su parte el ex presidente Kirchner, durante la semana, redobla la apuesta para no ceder frente a la oposición. La movilización de las Madres de Plaza de Mayo y organizaciones de izquierda kirchneristas en la Plaza de Mayo, el viernes 5, contra el golpe de estado, tuvo escasa concurrencia pero muestra al Gobierno intentando movilizarse en las calles contra los otros dos poderes. El martes 9, la Presidente recibe a los dirigentes sindicales encabezados por Hugo Moyano, ante quienes se comprometerá a entregar fondos de las obras sociales a cambio de la defensa activa de su gestión de gobierno en las calles. El miércoles 11, en el Chaco, Néstor Kirchner reasumirá la Presidencia del PJ, buscando reunir en una demostración de fuerza la mayor cantidad de dirigentes sindicales, gobernadores e intendentes que pueda. Al día siguiente, en un estadio de la Capital Federal, presidirá el acto de sus militantes por el 37 aniversario del triunfo electoral de Héctor J. Cámpora, oportunidad en la cual denunciaría nuevamente el golpe civil que está en marcha, asemejando la situación argentina a la sufrida por Zelaya en Honduras. Mientras tanto, reuniéndose esta semana la Comisión Permanente del Episcopado, legisladores oficialistas impulsarán la ley de matrimonio gay en Diputados y realizarán nuevas acciones contra el grupo Clarín, como la anulación de la fusión de las empresas de cable firmada por el ministro de Economía a fines de la semana pasada. Desde el oficialismo se amenaza al Vicepresidente Cobos con denunciarlo ante la Justicia por haber convalidado la reunión del Senado en la cual la oposición tomó el control de la Cámara.
La oposición ha logrado un importante grado de unidad y parece dispuesta a ejercer el poder por primera vez desde que el kirchnerismo llegó al poder hace casi siete años, en mayo de 2003. En Diputados ha logrado reunir 140 legisladores -incluidos los de izquierda, en un momento aliados del Gobierno- para derogar el DNU firmado por Cristina el 1 de abril. En Senadores hay coincidencia para lo mismo y para no darle el acuerdo a la nueva Presidente del Banco Central, quien dice estar dispuesta a renunciar en este caso. (En realidad está ejerciendo el cargo ilegalmente, dado que sólo se puede designar interinamente a un miembro del Directorio, como fue Pesce durante la crisis con Redrado). La coparticipación del impuesto al cheque ya tiene despacho de comisión y avanzará. El campo -a quien Cristina volvió a atacar en su discurso del lunes 1-, que tiene 9 diputados del sector en la Comisión de Agricultura y dirigentes presidiendo esta comisión y la del Senado, esta semana lleva al Congreso sus reclamos. En el Consejo de la Magistratura, el oficialismo parece estar perdiendo el control, al avanzar la destitución de un juez políticamente afín al Gobierno (Faggionato Márquez), quien involucró a Francisco de Narváez en la causa por la efedrina durante la campaña electoral. Mientras tanto avanzan en la Justicia diversas denuncias de corrupción contra el oficialismo y el ex presidente Kirchner, al ser denunciado porque cobra 42.000 pesos mensuales al acumular la pensión de Presidente y el salario como diputado nacional, decide donar el segundo a las organizaciones de derechos humanos.
Con poco margen para una negociación exitosa entre oficialismo y oposición, la clave de la crisis es lo que suceda dentro del PJ. En la Cámara Alta, el peronismo oficialista tiene 32 legisladores y el disidente 13. Si el bloque estuviera unido, serían 45, 8 más que los 37 necesarios para la mayoría. En la Cámara Baja, el PJ oficialista tiene 87 y el disidente 35. Si se tratara de un bloque unido, serían 122, a sólo 7 de la mayoría. Si el peronismo se hubiera mantenido unido, Kirchner seguiría controlando el Congreso, como sucedió con Menem tras la derrota electoral de 1997. El oficialismo trata de negociar ahora con algunos de los senadores justicialistas disidentes para impedir la anulación del segundo DNU -cuyo envío al Congreso demora para ganar tiempo y gastar los recursos ya girados a la Tesorería-, lo que no parece fácil. Mientras tanto, un sector del oficialismo encabezado por el senador Pampuro (tercero en la sucesión presidencial) negocia un acuerdo con los senadores de la UCR (Sanz y Morales), que no resulta fácil de alcanzar, tanto porque puede ser rechazado nuevamente por Kirchner -como lo hizo con el que se negociaba con gobernadores para transformar el primer DNU en ley el lunes 1-, como porque la oposición puede romperse si Carrió lo rechaza. En este marco, la inflación se acelera, aumentando el malestar social, y la ministra de Defensa va al Congreso el miércoles 10 para informar si Argentina está en condiciones de actuar militarmente en caso que el conflicto por Malvinas derive en el plano bélico.
::: Fuente: Rosendo Fraga - Centro de Estudios 'Unión para la Nueva Mayoría' :::
