Se gobierna con recursos materiales y simbólicos, con palabras y hechos, apelando a la memoria histórica y prefigurando un horizonte. En dosis diversas, son elementos que no pueden faltar en la construcción diaria de poder. Tampoco las bases de sustento, el anclaje social, el abanico de adhesiones concretas, más allá del respaldo de los votos. Los gobiernos K los han tenido desde el 2003. De modo escaso, al comienzo, cuando una débil legitimidad de origen ponía como desafío consolidar la erosionada autoridad presidencial y restañar las heridas de un sistema político en plena crisis de representación. De modo amplio, luego, cuando se afianzó de cara a la sociedad, corriendo los límites de lo posible, dando respuestas a demandas postergadas, tanto del orden económico como social y político.
Ahora la situación parece otra, o por lo menos esa es la sensación que queda luego de infinitos días de conflicto con “el campo”. La capacidad de movilización mostrada por este sector, su naturaleza heterogénea, la multiplicidad de actores más allá de los tradicionales e instituidos, la dinámica que adquirió la puja implícita entre dirigencia y autoconvocados y, sobre todo, la alianza entre sus distintos segmentos, desnudaron el desconocimiento por parte de la sociedad y del gobierno, sobre este universo complejo y algunas falencias en la política de alianza posibles (y necesarias) con algunos de esos sectores. Y esto, más allá de la pertinencia de gravar su rentabilidad extraordinaria y poner fuera de discusión la potestad del Estado de intervenir en la economía del país. La cobertura sesgada de la mayoría de los medios masivos de comunicación pusieron sobre la mesa un nuevo mapa de adhesiones y detractores.
El panorama planteado en los días más álgidos del conflicto parecía tremebundo, al borde del acabose. Por lo menos, así lo leían ciertos analistas y lo fogoneaban la mayoría de los opositores. La amplitud en la cobertura que lograron los caceroleros, sobre todo los más enardecidos, mostraban eso, como si ese acotado universo de voces y cuerpos movilizados fuesen el todo o la representación más extendida de la opinión pública. Como respuesta llegó la canalización institucional a través del Congreso y la movilización numerosa de convencidos de la política K y de sectores que, por espanto, ante el intento de erosionar el poder del gobierno y, de ser posible, intentar forzar algún escenario destituyente, salieron a la calle a manifestar su apoyo. La reacción pareció tardía, pero llegó y empezó a suplir cierto quietismo inicial y cierta limitante en la forma de hacer política del kirchnerismo.
No hay estudios cuantitativos de real relevancia que muestren la magnitud del fenómeno de oposición al gobierno, sobre todo en las clases medias, urbanas y rurales. Si nos manejamos por la imagen que despliegan los medios, parece bastante extendida y con mucha vocación de exponer su irritación públicamente. Pero puede inferirse que esta imagen dista de ser la verdadera y, sobre todo, no parece que el rechazo sea tan sistemático y mecánico. A su vez, tampoco puede negarse que exista, como sí existe en los sectores medios una sensación de desapego mayor frente al gobierno de la que existía al momento de ser electo. Aunque, claro, quede por indagar sobre la relación entre esta exteriorización exaltada del descontento y el voto adverso en la Ciudad de Buenos Aires y los principales centros urbanos del interior del país durante las elecciones del año pasado, del que tanto jugo se sacó entonces y que parecía poner en cuestión la victoria oficialista, aun cuando ésta ya había ocurrido.
Cuánto de esto es parte de una actitud volátil ante una atmósfera mágicamente enrarecida que sobrevuela sobre el gobierno en tanto protagonista de un conflicto más largo de lo previsible; o cuánto de esto se debe a la poco profesional y pésima comunicación que hace el Gobierno de sus logros, su filosofía, la caracterización de sus adversarios, su pertenencia a uno de los 2 proyectos que se disputan a nuestro país desde hace 200 años, etc, etc., es un debate que deberá aclararse en los próximos meses. Lo que sí parece necesario es que el gobierno debe darse una política más concreta para ampliar su base social, para recuperar anclaje territorial, para sumar mucho más que a propios y convencidos.
La “crisis del campo”, más que cualquier otra cosa, hizo mella en ello, sobre todo en los pueblos del interior, donde la adhesión a la gestión K había sido revalidada en las urnas. Pero esto va a revertirse. El gobierno debe darse base social en el “campo”. Debe asumir el desafío. Tiene los recursos para hacerlo, y no sólo los materiales. Un gobierno preocupado por la distribución del ingreso debe apelar a la racionalidad de los productores (pequeños y medianos) para ponerlos de su lado, y esto más allá de la tarea difícil que resulta el enorme cambio cultural que ha atravesado al sector. Debe hacerlo, y hacerlo entre las grietas que dejan algunas de sus entidades, o por sobre ellas mismas. Debe hacerlo, con una política más integral, con más preocupaciones micro y sin resignar, necesariamente, ninguna de sus convicciones previas. La rentabilidad en ciernes y mucha más comunicación y difusión de los verdaderos objetivos del Gobierno, van a revertir en sumo grado la situación.
