En los últimos años, Argentina se vio inmersa en un proceso inflacionario que se configuró como el principal problema de una macroeconomía que muestra fortalezas en el resto de las variables. En efecto, con la implementación desde 2003 de un modelo de tipo de cambio competitivo y estable nuestro país se embarcó en un proceso de crecimiento económico sostenido: el producto creció a una tasa anual promedio de 7,3%, se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo, permitiendo la recuperación de los salarios reales y con ellos del mercado interno, la deuda externa dejó de ser una problemática y se acumularon más de 50 mil millones de dólares en reservas del Banco Central. En este contexto, es fundamental aclarar que la situación macroeconómica dista mucho de asemejarse a la vivida durante la convertibilidad. Pese a esto, en los últimos años la problemática inflacionaria comenzó a amenazar la sustentabilidad del proceso.
Sin embargo, mucho se dice sobre la inflación pero poco se sabe realmente. Y esto es preocupante, ya que la receta que se proponga al fenómeno, es decir el paquete de medidas políticas económicas para combatir la inflación, como toda decisión de políticas, trae aparejados ganadores y perdedores. Por ejemplo, con la aplicación del régimen de Convertibilidad en 1991, que combinó apreciación cambiaria con apertura comercial, la inflación fue prácticamente eliminada, pero a costa de la desarticulación del tejido productivo nacional, el aumento del desempleo, la deuda externa, la pobreza y la indigencia.
La inflación como síntoma de un fenómeno, puede asemejarse a un cuadro gripal. La fiebre puede originarse por muchas causas, aunque para curarla es necesario resolver su verdadero origen. Para no caer en recetas que solucionen la inflación a costa de la muerte del paciente (como ocurrió en la década del noventa), es necesario contar con un certero diagnóstico del proceso actual.
La configuración macroeconómica de la post-convertibilidad tuvo su primer episodio inflacionario en 2002, con la ruptura de la paridad 1 peso 1 dólar. La devaluación rondó 250%, aunque la inflación de dicho año fue sólo de 41% (ver gráfico 1). Esto fue producto de que sólo aumentaron los precios de los bienes transables (aquellos bienes que se exportan o que compiten con lo importado, en general industriales y primarios) mientras que las tarifas de los servicios públicos y los salarios (los otros dos componentes del IPC) permanecieron congelados.
La feroz crisis económica que generó el colapso de la convertibilidad dejó como resultado la desocupación masiva de la mano de obra (26,6% de la población económicamente activa) y la ociosidad de gran parte de la capacidad productiva de las fábricas. En efecto, la Utilización de la Capacidad Instalada tocó el piso de 55,7% durante 2002, para luego recuperarse sostenidamente, ubicándose en torno al 75% promedio entre 2007 y 2010.
El hecho de que existiese capacidad productiva ociosa permitió el acelerado crecimiento del PIB entre 2003 y 2006 pese a la ausencia de grandes inversiones nuevas. Los márgenes de rentabilidad empresaria conseguidos con el cambio de precios relativos de la salida de la convertibilidad, fueron la fuente más importante de financiamiento de las empresas, ante la casi nula capacidad de obtener créditos productivos a tasas y plazos razonables.
Es importante aclarar que el proceso inflacionario actual no responde a una única causa, sino a una multiplicidad de factores, como se verá más adelante. Es por esto que para combatirla, se requiere de un paquete de medidas articuladas entre sí, evitando caer en recetas mágicas, como ya nos ocurrió en nuestra historia económica reciente.
Retomando el hilo histórico, ya hacia mediados de 2006 empezaron a aparecer ciertos factores que agudizaron la dinámica inflacionaria. El primer hecho destacable fue el cuello de botella alcanzado en la generación energética, producto de que el incremento de la oferta no llegó a acompañar al fenomenal aumento de la demanda. Esto provocó tensiones en las tarifas de los servicios públicos, y algunas restricciones y cortes de suministro que perjudicaron ciertos sectores productivos.
En segundo término, ya para el bienio 2006 y 2007 y ante la relativa ausencia de nuevas grandes inversiones, se llegó a límites en la capacidad instalada de algunos sectores de insumos difundidos, como petroquímicos, combustibles, celulosa y papel, y siderurgia. La ausencia de dichas inversiones generó presiones de la demanda en esos rubros, que como en su mayoría son monopólicos (por la propia naturaleza del proceso productivo), no tuvieron mayores inconvenientes en aumentar los precios. Lo mismo hicieron otros actores concentrados en el rubro de comercialización, lo que aceitó la escalada de los precios.
En tercera instancia, y uno de los factores más importantes para explicar la dinámica inflacionaria argentina, fue el aumento persistente de los precios internacionales de los commodities que tuvo lugar desde fines de 2006, y que se agudizó en 2008. La mayor demanda de dichos productos por parte de China e India, y por la entrada de capitales especulativos en busca de rentabilidad, generó una burbuja en los precios de productos agropecuarios (soja, trigo, maíz, carne, girasol, arroz entre otros), insumos difundidos (acero, aluminio, cobre) y combustibles (petróleo y gas, principalmente).
Es notable la estrecha relación que mantiene la inflación doméstica argentina con la evolución de los precios internacionales de dichas materias primas (el coeficiente de correlación entre ambas variables, medida estadística, supera el 90%).
El aumento de los precios internacionales se tradujo en un aumento similar de los precios locales por dos motivos: el sostenimiento del tipo de cambio nominal (el valor del dólar) y por la incapacidad del sistema de derechos de exportación de absorber los impactos inflacionarios.
En relación al primer efecto, muchos países latinoamericanos optaron por apreciar su moneda, es decir disminuir el precio del dólar, como forma de evitar el traslado de los precios internacionales (nominados en dólares, lógicamente) a los precios internos. Sin embargo, esto tuvo efectos negativos en muchos sectores industriales, en particular los PyMEs, debido a que son los más sensibles al tipo de cambio como protección contra lo importado. A diferencia de esta última estrategia, el Banco Central de la República Argentina sostuvo la cotización del dólar para proteger a dichos sectores, renunciando a esa herramienta antiinflacionaria.
En segundo término, el sistema actual de retenciones por coeficientes fijos no sirve para aislar los efectos de la suba de precios internacionales, con los locales. Por ejemplo, si el precio del trigo hoy es de 100 U$S, las retenciones son del 25%, el precio interno será de 75 U$S (multiplicado por el valor del dólar en pesos). Si en un año, el precio internacional sube 100% a 200 U$S, y la retención es del mismo porcentaje, el precio interno subirá a 150 U$S (es decir un 100%).
Es así que llegamos al núcleo central de la problemática: la inflación en nuestro país no es otra cosa que la manifestación de la puja distributiva que impera en el actual proceso de crecimiento económico. En la puja, conviven una gran diversidad de actores, con diferentes poderes de negociación y presión: trabajadores formales e informales, grandes traders comerciales y pequeños comercios, sectores industriales concentrados con PyMEs, entre muchos otros.
Sin embargo, no deben descartarse los efectos que pueden haber generado otros factores puntuales en la agudización de la problemática inflacionaria y sí deben rechazarse explicaciones tradicionales, que equivocan las causas.
En primer lugar, cabe destacar que existieron factores puntuales que llevaron el terreno de la puja distributiva a un nivel más alto. Entre ellos se destaca principalmente lo ocurrido con la carne, uno de los principales productos de la dieta de los argentinos. A principios de año, producto de una insuficiente política ganadera, de condiciones climáticas y del avance de la frontera sojera, el precio de la carne vacuna tuvo un crecimiento de casi 100% que elevó el piso de la discusión salarial para 2010. En efecto, muchos analistas sostienen que de los 25 puntos de inflación que se espera para todo el 2010, lo ocurrido con la carne explica alrededor de 4 puntos.
También la pérdida de confianza en una medición única puede haber tenido efectos nocivos sobre la problemática. Esto sumado a la aparición de distintas consultoras midiendo un factor tan sensible como es la variación de los precios, quitó rigurosidad a las expectativas, generando actitudes defensivas ante la incertidumbre.
Entre los factores comúnmente señalados como causantes de la inflación, pero que no tuvieron ningún efecto en el proceso actual, se destacan la emisión monetaria, el rol del gasto público y el déficit fiscal.
En primer lugar, como quedó demostrado en una amplia literatura, la emisión monetaria más que una causa de la inflación es una consecuencia. El argumento más sólido para rechazar dicha hipótesis es lo ocurrido en el año 2009. En ese entonces, los agregados monetarios más importantes arrojaron caídas en términos nominales durante muchos meses, a la par que la inflación seguí en torno al 15%. La política monetaria contractiva aplicada por la administración de Redrado al frente del BCRA, sólo contribuyó a secar aún más la plaza financiera, complicando transacciones y aumentando las tasas de interés. Su objetivo fue contener la fuga de capitales (atrayéndolos por los jugosos rendimientos en pesos) pero de ninguna manera logró eliminar la inflación.
En efecto, aún hoy la política monetaria no tiene un signo expansivo, ya que en noviembre de 2010, el crecimiento del M2 privado fue de 28,8%, mientras que la inflación fue de alrededor de 25%. Si a eso se le suma un crecimiento del PBI de 7%, se concluye que la política monetaria continúa siendo contractiva, pese a la redefinición de las metas monetarias del BCRA llevada a cabo a mediados de este año.
Otro componente usualmente atacado por la ortodoxia es el gasto público. Sin importar que dentro del mismo se concentren salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, entre muchos otros, se lo acusa como uno de los causantes del agravamiento de la dinámica inflacionaria.
Existen dos datos que relativizan rápidamente la acusación de inflacionario. En primer lugar, se destaca que alrededor del 17% del gasto público se concentró en subsidios a tarifas, tanto de servicios públicos, de transporte y a ciertos eslabones de las cadenas de producción de alimentos. En este sentido, no sólo que el efecto no es inflacionario, sino que se logra contener alzas mayores.
Un segundo aspecto que no debe perderse en consideración, es que uno de los pilares de la política económica actual ha sido el sostenimiento de superávits fiscales primarios. Esto no significa otra cosa que el hecho de que el Estado Nacional está sacando recursos de la economía, que son destinados a pagar deuda externa o a acumular reservas internacionales. En este sentido, los efectos sobre la demanda agregada son de amortiguación. Para 2010 se estima que el superávit primario alcance 2,5% del Producto.
Para concluir, y como se señalaba al comienzo, solucionar la problemática inflacionaria requiera de un buen diagnóstico de la realidad. En este sentido, ni disminuir el gasto público, ni quitar liquidez al mercado lograrán frenar la inflación, y sólo tendrán efectos nocivos sobre el nivel de actividad y del empleo.
Lo fundamental es encauzar las expectativas en un sendero decreciente a la baja en el mediano plazo. Para esto, contribuiría realizar un verdadero pacto sobre precios y salarios, con participación del Estado, entre empresarios, trabajadores y dirigentes.
