El mercado está atento al desguace que deberá sufrir el Grupo por el efecto de la nueva ley de medios aprobada por el Senado. El holding ya padece los efectos: desde que comenzó la pelea, las acciones cayeron un 20%. TyC tiró el achique.
Promulgada por el Ejecutivo en tiempo récord, la ley de medios aprobada ayer por la madrugada en el Senado ya disparó una pelea feroz por quién se quedará con los negocios que deberán soltar los principales grupos mediáticos del país. En especial Clarín, que tendrá que optar entre sus cinco canales de aire y las cinco operadoras de cable donde tiene participación, y que también verá limitado el alcance de sus nueve licencias radiales. El holding de Ernestina de Noble planea incentivar una ola de juicios de otras empresas más chicas para frenar el avance de la nueva norma, pero aún no decidió qué parte de su emporio venderá ni cómo lo hará en caso de que se le imponga. Por su parte, las entidades sin fines de lucro a las que la ley reserva un tercio de las emisoras aún esperan saber cómo se financiarán. Para eso falta ver la reglamentación, que el Ejecutivo apura pero todavía guarda bajo siete llaves.
Los empresarios periodísticos creen que las beneficiarias más inmediatas de la ley serán las cooperativas de servicios públicos del interior, que proveen de electricidad y teléfono a casi seis millones de hogares. Muchas de ellas invirtieron millones en tender redes de fibra óptica que hasta ahora no podían usar para vender señales de cable, porque se los prohibía la ley heredada de la dictadura. Técnicamente, esas redes les permiten ofrecer el Triple Play (cable, teléfono e internet) que hoy ya proveen firmas como Telecentro, de Alberto Pierri. Y que son la crema del negocio audiovisual.
Con la nueva norma, las cooperativas tendrán la ventaja de la red ya instalada y aspiran a robarle una tajada gruesa a los gigantes Cablevisión y Multicanal, ambos de Clarín y con casi la mitad de los abonados a la TV paga. Es lo que querían hacer las dos grandes de la telefonía –Telecom y Telefónica–, a las que les fue vedada esa posibilidad por la presión del centroizquierda, que exigió cambios al proyecto original a cambio de su apoyo parlamentario.
La danza de millones ya empezó. Las acciones de Clarín bajaron diez centavos el viernes pero perdieron casi el 20% de su valor desde que el kirchnerismo empezó a insinuar que le quitaría el negocio del fútbol, a principios de agosto. Su precio se desplomó un 75% desde cuando el multimedios decidió abrir parte de su capital en la Bolsa, hace exactamente dos años. Al principio arañaron los $ 32, pero tocaron un piso de $ 4 en abril pasado, en plena campaña electoral.
La reacción no se hará esperar. Esta misma semana la Asociación de TV por Cable (ATVC) lanzará los primeros dardos contra la ley en el Hotel Hilton porteño, donde realizará un congreso. Aunque muchos cableros chicos y medianos sucumbieron ante el poderío de Cablevisión y Multicanal y se enfrentaron a Clarín hasta caer rendidos, unos 500 de ellos todavía prestan servicio a casi dos millones de abonados. Ahora los une a Clarín el espanto frente a las cooperativas.
Otros grupos empresarios de medios, como el de Daniel Vila (América) y el español Prisa (Continental), preparan sus propias estrategias judiciales. Sus abogados barajan presentar recursos de amparos y medidas de fondo, en simultáneo a la continuidad de su campaña pública contra la reforma.
La española Telefónica, que controla Telefe y otros ocho canales en el interior, enfrentará otro problema. La nueva ley exige “correr el velo societario” de todos los medios. Es decir, que cada dueño se muestre detrás de la maraña de sellos y empresas que suelen presentarse como sus poseedores. Así quedará al descubierto su origen extranjero, también prohibido.
El matrimonio Kirchner relojea con desconfianza al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Los espadachines K saben que en última instancia, los fallos que se dicten en cada juicio terminarán en el máximo tribunal y ahí se definirá el éxito o el fracaso de la iniciativa.
El otro detalle pendiente es cómo se financiará la democratización de los medios que promete la ley. Aunque reserva un 33% del espectro radioeléctrico a las ONG, clubes y organizaciones sociales, los expertos advierten que no aclara cómo se solventarán sus emisoras sin un capital inicial. Es uno de los temas que deberá atender la autoridad de aplicación de la ley, que tendrá siete miembros y en la que el Ejecutivo aspira a colocar a un opositor como vicepresidente para darle más legitimidad.
