El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas políticas producidas por el autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional.
Se conmemora anualmente el 24 de marzo en recuerdo del mismo día de 1976, fecha en la que se produjo el golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura militar. La fecha, instaurada como tal en 2002, es desde 2005 un día no laborable.
Instauración.
El 2 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación promulgó la ley 25.633 creando al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable, pudiéndose cambiar al viernes o lunes más próximo para crear un fin de semana largo.
Varias organizaciones de derechos humanos se opusieron a la propuesta por considerar impropio que un día donde se debía recordar pudiera convertirse en una ocasión aprovechada por los entes turísticos para la obtención de ganancia por los puentes o fines de semana largos. Finalmente, el Congreso aceptó la propuesta del ejecutivo y declaró al 24 de marzo como día no laborable, estableciendo sin embargo su inamovilidad.
Proceso de Reorganización Nacional.
Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura militar que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe de Estado —ejecutado el 24 de marzo de 1976— que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea).
La junta llegó al poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por los enfrentamientos entre facciones armadas de izquierda y derecha del movimiento peronista, y la acción violenta de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de inclinación marxista).
Estos graves enfrentamientos se incrementaron significativamente desde fines de los años setenta y fueron la principal justificación utilizada por las FF. AA. para derrocar al gobierno de Martínez de Perón.
Guardando continuidad con el Operativo Independencia que la presidente María Estela Martínez de Perón había ordenado en 1975 en Tucumán, la junta llevó a cabo una ofensiva contra las organizaciones guerrilleras, que contó con el apoyo inicial del gobierno estadounidense (cuyo secretario de Estado, Henry Kissinger, avaló expresamente como medio para erradicar la «amenaza del comunismo»).
El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó y ejecutó clandestinamente a cientos de guerrilleros, colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, así como a miles de civiles que no tenían ninguna relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos eran denominados «desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar en aviones de las fuerzas armadas.
El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas.
1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.
1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna.
1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya.
1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes.
En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército.
En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido, intentando movilizar así la oposición contra un enemigo exterior. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.
Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987 se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por «crímenes de lesa humanidad» que habían cometido los militares durante la última dictadura. La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que los crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, «son cometidos por agente estatal en ejecución de acción gubernamental o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal». En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva.
